El Archivo General de la Nación – AGN, en desempeño de su misión institucional de dirigir la política de gestión documental en el territorio nacional, ha brindado a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas diferentes herramientas, que permiten orientarlas en la proyección e implementación de una cultura archivística, en cumplimiento de la normativa nacional vigente. En este escenario, el AGN publicó en el año 2018 la primera versión del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos, como un referente para brindar una visión integral acerca del panorama archivístico que se debe abordar en el marco de la gestión institucional, con un enfoque articulador que facilita el desarrollo de la función archivística, estructurado en cinco componentes: estratégico, administración de archivos, documental, tecnológico y cultural.
La dinámica cambiante del contexto nacional e internacional obliga a un reajuste constante de las prácticas archivísticas que cobra expresión también en la normativa. En este sentido, se hace necesaria la actualización del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos, para integrar aspectos claves y establecer el nivel de respuesta en el desarrollo de la función archivística de las entidades, lo cual constituye un insumo fundamental para la formulación e implementación de la política
de gestión documental en el país.
La actualización se desarrolla sobre el esquema de la primera versión del modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos planteado por el AGN, cuya estructura en términos generales se mantiene. El aporte que se realiza en esta versión consiste principalmente en el ajuste de los elementos de cada uno de los componentes y en la posibilidad que brinda para medir el grado de avance en el cumplimiento de la política archivística, en un espectro que abarca desde la ausencia hasta la mejora continua de los productos asociados a los componentes y subcomponentes definidos.
Igualmente, se sugieren de manera general una serie de actividades que las entidades deben desarrollar de acuerdo con sus especificidades, para facilitar el avance y la optimización de los procesos integrados a la función archivística, lo cual permite establecer un nivel de madurez que indique el estado de cumplimiento con la normativa, a partir del cual proyectar las acciones a implementar en el desarrollo de su política archivística.